El gobernador del Huila Luis Jorge Pajarito Sánchez García, luego de conocer la decisión en primera instancia de la Procuraduría General de La Nación que lo destituye e inhabilita por 12 años, precisó que apelará el fallo.
El Mandatario Departamental advirtió que es respetuoso de las decisiones del organismo de control por lo que estará presto a responderle y esclarecer los hechos por los cuales contrató 600 mil unidades de aguardiente Doble Anís, con la empresa Licorsa en agosto de 2008, con el propósito de abastecer el mercado del licor departamental para la temporada de diciembre de ese año.
Según el fallo de la Procuraduría, el Mandatario Seccional incurrió en una falta grave al adjudicar el contrato sin tener en cuenta los procedimientos que indica la ley, es decir, sin adelantar un proceso licitatorio, teniendo en cuenta que en el mercado existen otras empresas con la suficiente idoneidad para ejecutar dicho contrato.
Frente a los argumentos del Ministerio Público, el Gobernador del Huila, aseguró que actuó respetando los principios de legalidad en la contratación pública, amparado en las recomendaciones que en su momento impartió la Oficina Jurídica del Departamento y los abogados externos de la Secretaría de Hacienda.
En ese sentido explicó que se determinó que "el registro Invima que existía solamente para ese momento en Colombia correspondiente a la producción de Doble Anís permitía que estuviera dentro de las excepciones previstas en el Decreto 2474. En diciembre de 2007 salió la Ley 1150, en enero salió el Decreto 066 que fue demandado en muchos artículos ante el Consejo de Estado, razón por la cual el Gobierno Nacional derogó ese decreto y expidió el Decreto 2474 en junio de 2008 y apenas estaba en proceso de interpretación en el mes del julio y agosto cuando se inició el proceso de contratación de las 600 mil unidades", dijo el Gobernador.
Reiteró que toda la contratación se "hizo transparente, nos acogimos a los conceptos jurídicos y eso es a lo que se limita el tema de discusión con la Procuraduría, que si era viable la interpretación que dio la Oficina Jurídica o por el contrario era equivocado ese racionamiento", comentó.
Los alcances
En ese mismo fallo el Ministerio Público inhabilitó inicialmente por 10 años al entonces secretario de Hacienda Departamental, Carlos Andrés Cante Puentes y a la ex asesora jurídica del Departamento, Amanda Londoño.
En relación con esta decisión Cante Puentes dijo que hasta el momento no ha sido notificado oficialmente de la decisión tomada por la Procuraduría, y que sólo se referirá al tema una vez conozca en detalle el proceso. No obstante reiteró que el Departamento actuó conforme a la Ley.
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